El 26 de junio pasado, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea, dio a conocer en Valledupar el proyecto de ley “sobre el régimen tarifario de energía eléctrica”. El análisis de los diez artículos de dicho proyecto muestra que, en vez de aliviar las onerosas cargas de las tarifas eléctricas, el proyecto agrava la situación de los usuarios.
Sobre la opción tarifaria, hoy con un valor de casi tres billones de pesos que se les adeudan a las empresas comercializadoras de energía, y que el presidente Petro se comprometió en mayo de 2024 en Barranquilla a que las asumiría el Estado. Ahora, en este proyecto de ley, artículo 2, además de incumplir su compromiso, pretende trasladar estos cuantiosos pagos a los estratos 4, 5, 6 y a los sectores no residenciales regulados (comercial y oficial) a nivel nacional, o sea a las clases medias, altas y a millones de pequeños y medianos negocios, que componen la mayoría del tejido empresarial del país.
Pero también se ensaña este proyecto contra los estratos más débiles de la sociedad (1, 2 y 3) a quienes les elimina el pago del subsidio si el consumo de subsistencia se dobla mensualmente. Hoy en la Costa Caribe dicho consumo subsidiable es de 173 kilovatios hora, al estar por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar. Si un usuario de estos estratos tiene un consumo superior a los 346 kwh mensuales, quedaría sin subsidio y pagando la tarifa plena que es la del estrato 4. Tendría entonces incrementos tarifarios de hasta más del ciento por ciento. Estarán condenados a no tener un aire acondicionado porque, según la cartilla de seguridad de AIR-E, este aparato consume 300 kwh mensuales, aproximadamente.
Otro aspecto preocupante es que los ahorros que obtendría el Estado al quitarle el subsidio a estos compatriotas económicamente más débiles, irían al Fondo Empresarial de la Superservicios, cuya misión legal consiste en atender financieramente a las empresas de servicios públicos que sean intervenidas por el ente de control y vigilancia, para lo cual este Fondo está autorizado a adquirir créditos dentro o fuera del país. Por ejemplo, en diez meses de intervenida AIR-E no ha recibido un solo peso de este Fondo Empresarial, a pesar de esta empresa acumular deudas por más de dos billones de pesos con generadoras y proveedores, situación que podría desembocar en un apagón financiero y luego físico.
Nada dice el proyecto oficial de modificar el criterio principal actual para fijar las tarifas de los servicios públicos obedeciendo a la “suficiencia financiera” (artículo 87,7 de la Ley 142 de 1994) o sea, la remuneración de las inversiones con sus altas tasas de rentabilidad, las cuales deberían ser razonables y no excesivas, como las aprobadas por la CREG de más de 12% anuales, que lleva a tarifas impagables.
La Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe insta al Gobierno Nacional a no asfixiar más a los usuarios con nuevas cargas y a establecer una Mesa de Concertación con las fuerzas vivas de la región y del país sobre el régimen tarifario del servicio eléctrico y la necesidad de modernizar la infraestructura eléctrica obsoleta de la región Caribe. Petro va para tres años en la presidencia y es la hora en que no ha mejorado la situación de los once millones de caribeños en materia eléctrica. La deuda histórica del Estado se mantiene con nuestra región.
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