El Ministerio de Educación Nacional reitera el rechazo a la afectación a las instituciones y comunidades educativas por cuenta de los actores armados, y en particular repudia los hechos presentados en el día, sábado 14 de junio en El Tarra - Región del Catatumbo en Norte de Santander, donde se registró la afectación de la Institución Educativa Rural de Orú Bajo por artefactos explosivos, lo que se suma a la lamentable situación humanitaria y la persistencia de las principales consecuencias como el confinamiento de comunidades, el desplazamiento masivo e individual, el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, así como las afectaciones psicológicas en las comunidades educativas, padres de familia y docentes.
Las múltiples consecuencias humanitarias muestran que la población civil sigue sufriendo los peores efectos de los conflictos armados y la violencia, en especial niñas, niños y adolescentes desde sus entornos comunitarios, familiares y educativos e impacta sus trayectorias educativas, las posibilidades de desarrollo integral y el impulso a los sentidos de vida colectivos de las comunidades en los territorios.
Esto demuestra la complejidad del contexto actual, donde las dinámicas de los conflictos armados pueden variar en particular en territorios como Catatumbo, Guaviare o Jamundí, para mencionar solo algunos, generando una mayor problemática para atender las distintas situaciones y garantizar el derecho a la educación. Por ello es fundamental que se preserve la labor humanitaria y que los actores armados ilegales permitan el acceso a la institucionalidad y a las organizaciones humanitarias y dejen por fuera del conflicto a las instituciones educativas, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario que protege a la población civil.
Desde el Ministerio de Educación nos solidarizamos con las comunidades afectadas, invitamos a la institucionalidad del orden nacional y territorial, a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a los organismos internacionales y a los liderazgos sociales, a abrazar a las escuelas como territorios de vida, de saberes y de paz, reiterando nuestro compromiso por la construcción de las transformaciones que nos permitan avanzar hacia unos territorios y un país con justicia social. Exhortamos a los diferentes grupos armados ilegales en el Catatumbo, Guaviare, Jamundí y otras regiones del país a mantener la escuela como espacio para la vida y la convivencia, y a desarrollar diálogos de paz con el Gobierno colombiano, que permitan materializar en hechos concretos un alivio para el sufrimiento de la población civil, en particular de niñas, niños, adolescentes, docentes, del personal administrativo y de padres y madres de familia, manteniendo al margen del conflicto a las comunidades educativas del país.
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