En una reunión con los rectores de las 67 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas del país, el presidente de la República anunció la armonización de la Política de Gratuidad "Puedo Estudiar" con el sistema de financiamiento a la oferta de la educación superior pública, garantizando su permanencia y crecimiento sostenido.
Esta decisión implica el traslado de $2,14 billones al presupuesto de funcionamiento, una medida que blindará los recursos destinados a la gratuidad en las IES públicas y los convertirá en permanentes, aumentando año tras año de manera recurrente.
"La educación superior debe ser un derecho, no un privilegio. Por eso, en este gobierno avanza para garantizar el acceso a miles de jóvenes en los territorios, especialmente los que más lo necesitan", afirmó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.
¿Por qué transformar el modelo de financiamiento?
La Política de Gratuidad, que cubre el pago de la matrícula de estudiantes de pregrado en universidades e instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas (ITTU), se ha consolidado como el mecanismo para democratizar el acceso a la educación superior en el país.
Entre 2023 y 2024, esta política movilizó cerca de $4 billones de recursos que beneficiaron a cientos de miles de jóvenes colombianos y desde el Gobierno Nacional se avanza para que cada vez sean más los accedan a la educación como derecho.
El nuevo modelo representa un cambio en la forma como el Estado financia la educación superior pública hasta el momento. Los recursos ya no dependerán de los límites de inversión definidos anualmente, como ocurrió durante el gobierno anterior, sino que estarán garantizados dentro del funcionamiento regular del sistema educativo y que crecerá año tras año.
Fortalecimiento histórico del presupuesto educativo
Con esta medida, el Gobierno del Cambio también aumenta significativamente los recursos para el funcionamiento de las IES públicas, pasando de $6 billones en 2022 a $9,8 billones en 2025. Este incremento del 64% representa la inversión más alta en educación superior pública de la historia del país.
El fortalecimiento es particularmente significativo para las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias (ITTU) públicas, que históricamente habían estado rezagadas en la asignación de recursos por parte del Gobierno Nacional y que ahora recibirán un presupuesto digno para la importante misión que adelantan llevando la educación superior a los territorios.
Impacto y proyección de esta medida
La armonización de la política garantiza cinco beneficios estructurales para el sistema de educación superior público:
Primero, los recursos serán permanentes y crecerán anualmente, asegurando su disponibilidad en las siguientes vigencias fiscales. Segundo, al salir del rubro de inversión, los recursos no estarán sujetos a las limitaciones presupuestales anuales que afectaron políticas educativas en administraciones anteriores.
Tercero, se consolida un aumento histórico en el financiamiento de las IES públicas con recursos adicionales dispuestos por el Gobierno Nacional. Cuarto, las instituciones técnicas y tecnológicas reciben por primera vez un tratamiento presupuestal equitativo. Quinto, se fortalece el derecho a la educación superior desde la oferta, garantizando que las instituciones públicas cuenten con la capacidad instalada necesaria para atender la demanda nacional.
"En este Gobierno estamos construyendo un sistema de educación superior sólido, financiado y permanente", concluyó el ministro durante la la reunión.
La medida comenzará a implementarse a partir del segundo semestre de 2025 y beneficiará directamente a más de 900 mil estudiantes de pregrado en las instituciones de educación superior públicas de todo el país.
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