El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay el pasado fin de semana ha encendido las alarmas en el escenario político colombiano. En pleno año preelectoral, el ataque armado en Bogotá no solo dejó al precandidato presidencial gravemente herido, sino que también revive los peores recuerdos de una historia nacional marcada por la violencia política. ¿Estamos ante un hecho aislado o frente al resurgimiento de un patrón peligroso?
Miguel Uribe Turbay, de 38 años, es abogado, politólogo y actual senador por el partido Centro Democrático. Nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de Diana Turbay —periodista asesinada en un fallido operativo de rescate durante su secuestro por parte del cartel de Medellín en 1991—, su vida ha estado marcada por la tragedia y el servicio público. Fue concejal de Bogotá y luego Secretario de Gobierno durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, donde se destacó por su discurso enfático sobre seguridad y orden institucional.
El sábado 7 de junio, mientras realizaba un encuentro con ciudadanos en el barrio Modelia, un menor de edad le disparó a quemarropa. Uribe recibió dos impactos de bala y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Actualmente su situación reviste máxima gravedad y su pronóstico de salud reservado. El hecho deja una señal preocupante: la violencia política no parece del todo superada.
Colombia, que ha intentado construir un nuevo capítulo tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, sigue siendo un país donde ser líder social, candidato o activista con visibilidad puede costar la vida. Más de 181 líderes fueron asesinados solo en 2023, según cifras de organismos de derechos humanos. Sin embargo, ataques contra figuras de la política nacional, especialmente en centros urbanos, no se habían presentado con esta crudeza en los últimos años.
El atentado contra Uribe Turbay —quien ha sido una de las voces más críticas del gobierno de Gustavo Petro— ha desatado reacciones de todos los sectores. El presidente lo condenó públicamente y exigió esclarecer los hechos, mientras otros líderes políticos alertaron sobre el riesgo de que el país regrese a los tiempos en que las campañas se desarrollaban entre amenazas, escoltas y chalecos antibalas.
¿Estamos ante un hecho aislado motivado por la inseguridad urbana o frente a una reconfiguración de la violencia política? ¿Quién o quiénes están detrás de este atentado? ¿Y qué dice este hecho sobre el nivel de polarización y riesgo que enfrentan los procesos democráticos en Colombia?
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